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¿Qué es el Deber de Protección?
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El Deber de Protección (Duty of Care) es la obligación legal y ética de una empresa de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de sus empleados durante el desempeño de sus actividades laborales. Esto incluye empleados en oficina, teletrabajadores, viajeros de negocios y personal desplazado internacionalmente. El incumplimiento de esta responsabilidad puede generar consecuencias legales, financieras, operativas y reputacionales para la organización.
Mencionado por primera vez en el histórico caso Donoghue contra Stevenson en 1932, el Deber de Protección ha estado tradicionalmente vinculado al concepto de negligencia legal. Sin embargo, durante el último siglo, el alcance del término se ha ampliado considerablemente, afectando a organizaciones de todos los tamaños. Por definición, el Deber de Protección es una obligación legal impuesta a una organización que exige actuar con un nivel razonable de diligencia y prevenir cualquier situación que pueda causar daños previsibles a otras personas
Mucho más allá de ofrecer beneficios laborales y seguros a los empleados, el Deber de Protección en el entorno laboral moderno abarca la protección de la salud, la seguridad, la protección frente a riesgos y el bienestar de los trabajadores. Ya sea en una ubicación remota, en la oficina, durante un viaje de negocios, en una asignación internacional o trabajando desde casa, las obligaciones del Deber de Protección continúan vigentes. La ausencia de medidas razonables para prevenir incidentes puede afectar a la salud y la seguridad de los empleados y comprometer el rendimiento de la organización.
Históricamente, las consecuencias legales han sido uno de los principales motivos de preocupación asociados al incumplimiento de las responsabilidades del Duty of Care. Sin embargo, la falta de medidas adecuadas para proteger a los empleados también puede traducirse en daños reputacionales, pérdida de productividad, aumento de la rotación de personal y mayores costes operativos.
A medida que los casos de negligencia ocupan titulares en todo el mundo, la concienciación sobre el Deber de Protección ha aumentado significativamente. La pandemia desempeñó un papel fundamental en este cambio, especialmente desde la perspectiva de los empleados. Hoy en día, los trabajadores esperan que sus empresas protejan de forma proactiva su salud, seguridad y bienestar. Las organizaciones que no mantienen un diálogo abierto sobre estas necesidades pueden enfrentarse también a consecuencias reputacionales público.
Como organización con empleados que trabajan en diferentes entornos, demostrar el cumplimiento del Deber de Protección debe formar parte esencial de las políticas corporativas.
Aunque los requisitos legales pueden variar en función del país, sector o tamaño de la empresa, existen varias responsabilidades fundamentales que los empleadores deben considerar:
En España, el deber de protección de las organizaciones hacia sus empleados se fundamenta principalmente en la Constitución Española y en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que establece la obligación del empresario de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Este deber implica identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar al personal, adoptando las medidas preventivas necesarias para proteger su bienestar físico y mental.
Además, el marco normativo español se complementa con diversa regulación de desarrollo, así como con directivas europeas en materia de seguridad y salud laboral. En un entorno cada vez más globalizado, el deber de protección también abarca la gestión de riesgos asociados a los viajes de negocio, desplazamientos internacionales y situaciones de crisis que puedan afectar a los trabajadores, reforzando la responsabilidad de las organizaciones de actuar con la diligencia debida para salvaguardar a sus empleados.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como consecuencia, el empresario tiene el deber de garantizar la seguridad y la salud de sus empleados en todos los aspectos relacionados con su actividad profesional. Esta obligación incluye la identificación, evaluación y control de riesgos, la formación de los trabajadores y la adopción de medidas preventivas adecuadas.
El Código Penal español contempla sanciones para las organizaciones y responsables que incumplan sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que, en los procedimientos derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, corresponde al empresario acreditar que adoptó todas las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo. Además, la actuación imprudente no temeraria del trabajador no exime automáticamente de responsabilidad al empleador.
Estas resoluciones reflejan que el Duty of Care no se limita al entorno de trabajo habitual. Las organizaciones deben identificar, evaluar y gestionar de forma proactiva los riesgos asociados a viajes de negocios, asignaciones internacionales, trabajo remoto y otras modalidades laborales, pudiendo ser responsables cuando no demuestren haber adoptado medidas preventivas razonables y proporcionadas.
A medida que evolucionan los riesgos que afectan a los empleados, también evolucionan las responsabilidades de las organizaciones. El aumento de las crisis sanitarias, los incidentes de seguridad y las presiones económicas obliga a las empresas a reforzar sus estrategias preventivas.
Sin embargo, los principios fundamentales permanecen inalterables: proteger a las personas frente a daños físicos y psicológicos seguirá siendo una prioridad central para cualquier organización responsable.
Asimismo, las expectativas de los empleados continuarán creciendo a medida que el trabajo híbrido, el teletrabajo y los programas ampliados de bienestar se consoliden como la norma.